Informe 35/95, de 24 de octubre de 1995. Consideración de organismo profesional cualificado a los efectos de extender el otorgamiento de declaración responsable a que se refiere la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Por D. Jorge Mora Alberola, en su calidad de Secretario General de la Asociación Española de Empresas Consultoras de Ingeniería Civil, se dirige a esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa escrito redactado en los siguientes términos:

2. Al anterior escrito, conforme se indica en el mismo, se acompaña copia del texto de la Ley 13/95, Estatutos de Tecniberia-Civil y Modelo de impreso sugerido.

1. Con carácter previo al examen de las cuestiones de fondo suscitadas en el anterior escrito, ha de llamarse la atención sobre la circunstancia de que el escrito en el que se solicita el informe de esta Junta viene firmado por el Secretario General de Tecniberia-Civil

Como reiteradamente ha puesto de relieve esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa, entre otros y como más recientes, en sus informes de 23 de marzo de 1988, 10 de octubre de 1989, 14 de noviembre de 1990, 25 de octubre de 1993 y 22 de marzo de 1995, la cuestión de la admisibilidad de consultas formuladas a la misma ha de ser resuelta a la vista de las disposiciones reguladoras del funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, hoy, concretamente, del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de dicha Junta. El artículo 17 del citado Real Decreto 30/1991 establece que la Junta emitirá sus informes a petición de los Subsecretarios y Directores Generales de los Departamentos ministeriales, Presidentes y Directores Generales de Organismos autónomos y Entes públicos, Interventor General de la Administración del Estado y los Presidentes de las organizaciones empresariales representativas de los distintos sectores afectados por la contratación administrativa.

En consecuencia, al no formularse la consulta por las personas y u órganos mencionados, sino por el Secretario General de Tecniberia Civil, debe considerarse no admisible la consulta formulada, sin perjuicio de que la misma pueda volver a ser planteada por alguna de las personas u órganos que menciona el artículo 17 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

2. Sin perjuicio de lo anterior esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende procedente realizar algunas observaciones en cuanto a la cuestión de fondo que se suscita, por su posible interés general para otros supuestos similares que puedan presentarse.

La cuestión se suscita en relación con el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto establece que la prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa notario público u organismo profesional cualificado.

La primera observación que debe realizarse es la de que, aunque la cuestión trata de ligarse a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pudo igualmente suscitarse con anterioridad durante la vigencia de la legislación de contratos del Estado, puesto que idéntica fórmula a la del artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas utilizaba el artículo 9, tercer párrafo, de la Ley de Contratos del Estado, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo.

La segunda observación es la de que la referencia a "organismo profesional cualificado" que recoge la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -y recogía la Ley de Contratos del Estado- ha sido exclusivamente motivada por la necesidad de incorporar el contenido de las Directivas comunitarias y prever situaciones que pueden darse en otros países, comunitarios o no, pero sin que dicha referencia tenga sentido respecto a empresarios españoles, dado que, según resulta del artículo 80.2.b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la declaración responsable ha de realizarse, y por otra parte es suficiente que se realice, ante el órgano de contratación, como así lo puso de relieve esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su Recomendación de 23 de marzo de 1988, cuya doctrina debe darse por reproducida pues, aún refiriéndose a la legislación de contratos del Estado entonces vigente, el supuesto de hecho contemplado por la norma es idéntico al que incorpora el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.