Artículo 23. Empresas extranjeras no comunitarias.
1. Las personas físicas o jurídicas de Estados no
pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para
contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica y
financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva
Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
sustancialmente análoga.
En los contratos de obras, de suministro, de consultoría
y asistencia y de servicios, de cuantía igual o superior a la señalada en los artículos
135.1, 177.2, y 203.2, deberá prescindirse del informe sobre reciprocidad a
que se refiere el párrafo anterior en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
2. Tratándose de contratos de obras será necesario,
además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.
