CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO Y MEDIOS DE EJECUCIÓN

SECCIÓN 1. PROCEDIMIENTO

Artículo 101.

1. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes.

2. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la administración estarán facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones correspondientes.

Notas:

• "La facultad que el art. 101.2 otorga a los funcionarios y agentes de la Administración para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones precisas para hacer guardar lo dispuesto en la Ley de Costas es en sí misma constitucionalmente legítima. El reparo formulado por el Gobierno Cántabro, por estimar que este precepto conculca la inviolabilidad del domicilio que reconoce el art. 18.2 C.E., se sustenta en una interpretación desmesurada de lo en él dispuesto, pues nada hay en su texto que regule el modo y manera en que debe ser ejercida la facultad que otorga, cuya actuación deberá atemperarse -como es obvio- al respeto a los derechos fundamentales, entre los que se incluye la inviolabilidad del domicilio, en los términos previstos por el art. 18.2 C.E.
      Es cierto, como afirma el Abogado del Estado, que no puede incluirse sin más la expresión «terrenos de propiedad privada» dentro del campo semántico del «domicilio» al que la Constitución extiende su protección. Pero no lo es menos que tampoco es aceptable, sin más, la proposición inversa. Pues no se puede descartar a priori la posibilidad de que dentro de un terreno de propiedad privada existan uno o más lugares que merezcan la calificación constitucional de domicilio; ni que, en determinadas circunstancias, la inviolabilidad que la Constitución predica de tales lugares deba extenderse más allá de las paredes que circunden su espacio nuclear. Todas estas cuestiones pueden quedar ahora imprejuzgadas, pues ninguna de ellas resulta determinada por la simple habilitación que enuncia el art. 101.2 de la Ley de Costas, que evidentemente, sólo forzando su sentido literal, puede ser interpretada para llevar a cabo actuaciones que la Constitución prohíbe. " Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 6.c)