TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31.

1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley.

2. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, en otras especiales, en su caso, y en las normas generales o específicas correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

Notas:

• "El art. 31, impugnado por el Gobierno Vasco y por el Consejo de Gobierno de Cantabria, somete la utilización del territorio costero -en cuanto dominio público- a dos regímenes distintos: cuando el uso es común general y normal, en los términos que expresa su apartado 1, las correspondientes actividades son libres, públicas y gratuitas; por el contrario, cuando la utilización del mar o su ribera es especial, privativa o anormal, se requiere inexcusablemente alguno de los títulos de ocupación que enumera el apartado 2 del mismo artículo: reserva, adscripción, autorización o concesión.
      El apartado 1 no suscita reparo competencial alguno. Que los usos comunes que en él se contemplan, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar o coger plantas o mariscos, que no requieren obras o instalaciones de ningún tipo y son acordes con la naturaleza del dominio público marítimo-terrestre, están abiertos a una utilización libre, pública y gratuita, es una norma tradicional que se sustenta en la competencia exclusiva del Estado para establecer el régimen jurídico del dominio público de su titularidad, del que forma parte determinar cuáles usos no requieren acto administrativo de intervención [STC 227/88, fundamento jurídico 23.a)].
      La impugnación del Gobierno Vasco va dirigida sobre todo contra el inciso final de este apartado 1 del art. 31, en el que se dice expresamente que las actividades que son libres, desde la perspectiva demanial, por poder ser calificadas como usos comunes generales y normales, han de realizarse de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley, sin hacer referencia alguna a las normas dictadas por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias sobre tales actividades. El reproche del Gobierno Vasco resulta, sin embargo, en parte superfluo y, en parte, inviable. Superfluo porque es evidente que el precepto habla de leyes y reglamentos en general, y que en consecuencia no excluye en modo alguno la necesidad de que la utilización común del demanio haya de ajustarse a las normas dictadas por las Comunidades Autónomas cuando tal utilización implique la realización de actividades sobre las que éstas tienen competencia material. Y es en parte inviable, porque el legislador estatal no hubiera podido establecer el orden de prelación de normas aplicables a las distintas materias que confluyen sobre el espacio costero, por las razones expuestas en relación con la Administración local por la STC 214/89, fundamento jurídico 5.º. Es cierto que, además de mencionar las leyes y reglamentos, el precepto hace referencia a otras «normas aprobadas conforme a esta Ley» y que, como hemos de ver, la habilitación que la Ley confiere a la Administración para dictarlas no siempre es constitucionalmente adecuada. En cuanto que esta inadecuación no se da en todos los casos, sin embargo la referencia genérica es constitucionalmente inobjetable.
      A idénticas conclusiones es preciso llegar respecto al apartado 2 de este art. 31, en cuanto sujeta los usos especiales y privativos «a lo previsto en esta Ley». También en este caso hay una referencia a las normas generales y específicas aprobadas conforme a la propia Ley, pero como acabamos de decir es, en sí misma, inocua, sin perjuicio del juicio de constitucionalidad que merezcan las correspondientes habilitaciones legales, y que se formula con ocasión de los preceptos pertinentes, especialmente los arts. 22 y 34.
      Por último, la exclusión de la usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, como título del que emane derecho alguno al uso del dominio público marítimo-terrestre, que denuncia la Comunidad Autónoma de Cantabria en el art. 31.2, es constitucional por los mismos fundamentos por los que una disposición análoga fue confirmada en la STC 227/88, fundamento jurídico 23.c), en la que ya afirmamos que de otro modo, se invalidaría el principio de que sólo mediante título administrativo cabe adquirir derechos de uso privativo, que es un principio básico del sistema concesional, tanto en materia de aguas como en la que aquí se regula." Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 4.B.a)