Artículo 32.
1. Unicamente se podrá permitir la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su
naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
2. A estos efectos, y cualquiera que sea el título
habilitante de la ocupación y la Administración que lo otorgue, quedarán expresamente
excluidas las utilizaciones mencionadas en el artículo 25.1,
excepto las del apartado b), previa declaración de utilidad pública por el Consejo de
Ministros, y el vertido de escombros utilizables en rellenos, debidamente autorizados.
3. Previamente al otorgamiento del título administrativo
habilitante para la ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema
de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El
posterior incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaración de caducidad
del título administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la
sanción que, en su caso, corresponda.
Notas:
- "La impugnación dirigida contra
el art. 32 ha de ser rechazada por las mismas razones que ya se dieron al estudiar el art. 25. Conviene advertir, sin embargo, que la declaración de
utilidad pública por el Consejo de Ministros que contempla su apartado 2 no reemplaza,
salvo en el supuesto de previa reserva, a los actos de intervención que la legislación
sectorial encomiende a la Administración Autonómica o, en su caso, a la Local, sino que
se superpone a ellos, limitándose a la función de garantizar la integridad física o
jurídica del dominio público, y sin que pueda interferir en la apreciación de los
factores regulados por la correspondiente legislación sectorial, por parte de la
Administración encargada de ejecutar esta última." Sentencia del
Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento
jurídico 4.B.b)
