Artículo 35.

1. Las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor, se denegarán y archivarán en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la audiencia previa al peticionario.

Si se tratare de deficiencias susceptibles de subsanación, se procederá en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Administración no está obligada a otorgar los títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o normas aprobadas, pudiendo ser denegadas por razones de oportunidad u otras de interés público debidamente motivadas.

(Texto en azul declarado inconstitucional y, por consiguiente, nulo, por la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91)

Notas:

• "Es cierto que, como alega la Comunidad de Cantabria, cuando el art. 35.2 dispone que la Administración del Estado no está obligada a otorgar los títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o normas aprobadas, establece una excepción -que no derogación- a lo dispuesto con carácter general por el art. 57 de la Ley del Suelo. Este dato, en sí sería irrelevante, pues nada impide a una Ley del Estado excepcionar lo dispuesto por otra Ley estatal. No obstante, es preciso examinar en qué medida esta disposición vulnera por ello el principio de seguridad jurídica que garantiza el inciso 6 del art. 9.3 CE; y en qué medida incurre en una vulneración de la competencia autonómica sobre urbanismo, como afirma también la Comunidad Valenciana.
      Desde la perspectiva competencial, las dos posibilidades de denegación de la pertinente autorización o concesión que contempla el art. 35.2 merecen un juicio dispar. Que la Administración del Estado deniegue una solicitud, para realizar una obra u otra utilización del demanio costero que se ajusta a planeamiento, por razones de interés público debidamente motivadas es perfectamente constitucional, siempre que los intereses públicos hechos valer por el Estado correspondan al ámbito de sus competencias sectoriales, o se cifren en la integridad física o jurídica del dominio del que el Estado es titular, por conllevar una degradación del bien costero o un atentado a su condición demanial. Por el contrario, la denegación por razones de oportunidad distinta de las que acaban de indicarse más arriba conlleva una vulneración de las competencias sobre urbanismo y ordenación territorial de la Comunidad Autónoma litoral, puesto que es a ella a quien corresponde apreciar la oportunidad de las distintas distribuciones de usos sobre su territorio, y sin que las facultades estatales de preservación del dominio público requieran esta facultad de denegación libérrima y discrecional, añadida a una facultad de denegar por motivos de interés público. Cuando sobre un mismo ámbito coinciden las competencias de unas instancias centrales y autonómicas del Estado, no es admisible que ninguna de ellas se arrogue un poder omnímodo o puramente discrecional; pues una potestad sin límites es incompatible con la idea misma de distribución del poder público, y es incompatible con la esencia del Estado de las Autonomías.
      La conclusión alcanzada desde la óptica competencial y que lleva a considerar contraria a la Constitución la referencia a las razones de oportunidad resuelve en gran medida la alegación apoyada en el principio de seguridad jurídica, pues en la medida en que la denegación se apoye en una causa de interés público, debidamente motivada, y que aparezca fundada en una norma establecida por las Leyes cuya ejecución competa a la Administración del Estado, o establecida en la misma Ley de Costas como régimen del demanio costero, no habrá vestigio alguno de vulneración del art. 9.3 CE." Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 4.B.e)