Artículo 48.

1. La utilización o explotación de las zonas de reserva podrá ser realizada por cualquiera de las modalidades de gestión directa o indirecta que se determinen reglamentariamente.

2. La reserva no podrá amparar en ningún caso la realización de otros usos o actividades distintas de las que justificaron la declaración.

Notas:

• " Mediante la declaración de reserva de una zona, la Administración del Estado puede afectar determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre para el cumplimiento de fines de su competencia, en los términos previstos por los arts. 47 y 48.
      No puede acogerse la impugnación que frente a ellos formula el Gobierno Vasco, pues como afirma el Abogado del Estado, nada hay en los preceptos impugnados que ofrezca fundamento a la Administración del Estado para desvincularse de aquellos planes, de carácter territorial, urbanístico, u otro diverso, que esté obligada a cumplir según las leyes. Ni la Constitución exige que las leyes se carguen de prevenciones y advertencias de que es preciso respetar el orden constitucional de competencias, ni en el presente caso falta tal advertencia contenida, con carácter general, en el art. 116 de la propia Ley de Costas. La reserva de una zona del dominio público con la consiguiente afectación secundaria para el cumplimiento de fines de competencia estatal, que sustrae de manera total o parcial los terrenos afectados al uso común general (y a cualquier otra utilización, quedando subordinados los derechos preexistentes en los términos que formula el art. 47.3) es instrumental respecto de la competencia sustantiva ejercitada y en consecuencia resulta de plena aplicación la jurisprudencia de las SSTC 76/84 y 56/86.
      Indudablemente, cuando el Estado ejercite sus competencias deberá tomar en cuenta las competencias de la Comunidad Autónoma, tanto al declarar la reserva, como al llevar a cabo la consiguiente utilización o explotación de la porción reservada del dominio marítimo-costero. Tanto del deber constitucional de lealtad entre el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 11/86), como de los deberes recíprocos que establece el art. 116 de la propia Ley de Costas, desarrollado en este punto por el art. 209 de su Reglamento, se desprende inequívocadamente que la Administración del Estado deberá suministrar a la de la Comunidad Autónoma toda la información pertinente para la correcta ordenación del territorio autonómico, y para el adecuado ejercicio de sus restantes competencias con incidencia en la franja litoral. " Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 4.D.a)