Artículo 58.

1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertido deberán figurar las relativas a:

• a. Plazo de vencimiento, no superior a treinta años.
• b. Instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus características y los elementos de control de su funcionamiento, con fijación de las fechas de iniciación y terminación de su ejecución, así como de su entrada en servicio.
• c. Volumen anual de vertido.
• d. Límites cualitativos del vertido y plazos, si proceden, para la progresiva adecuación de las características del efluente a los límites impuestos.
• e. Evaluación de los efectos sobre el medio receptor, objetivos de calidad de las aguas en la zona receptiva y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para reducir la contaminación.
• f. Canon de vertido.

2. La Administración competente podrá modificar las condiciones de las autorizaciones de vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la Administración lo considera necesario, podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.

3. En caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la Administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.

4. La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

5. La Administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del vertido.

6. Podrán constituirse Juntas de Usuarios para el tratamiento conjunto y vertido final de efluentes líquidos.

Notas:

• "a) Los arts. 56.1 y 3; 57; 58; 59; 61 y 62 se impugnan, en primer lugar, según queda dicho, tanto por referirse a todo género de vertidos como por exceder si se los entiende como normas de protección del medio ambiente, del ámbito de lo que puede ser considerado como básico.
      La impugnación no puede ser atendida en virtud de las razones que acabamos de exponer. La admisión de la competencia autonómica para la ejecución de la legislación existente sobre todo género de vertidos sólo existe, dado el silencio de los Estatutos en la medida en la que tal normativa sea encuadrada, de acuerdo con su finalidad, en la protección del medio ambiente y ya hemos ofrecido los argumentos por los que no cabe considerar que las normas generales y abstractas dictadas con esa finalidad, sea cual sea su grado de detalle, exceden de la competencia estatal en esta materia. Los artículos mencionados no son, por lo tanto, desde este punto de vista y excluida siempre la referencia que el art. 57.2 hace a las normas dictadas de acuerdo con el art. 34, que debe reputarse nula, contrarios al orden constitucional de competencias.
      b) Los artículos mencionados en el epígrafe anterior, salvo el 56, son impugnados también por atribuir a la Administración del Estado la competencia para otorgar las autorizaciones de vertidos, sea cual sea el género de éstos, una competencia que las Comunidades Autónomas reivindican para sí mismas.
      En razón también de lo antes expuesto, no cabe negar la titularidad autonómica de la competencia reivindicada, pues en los correspondientes Estatutos, en la forma ya antes analizada, se les atribuye esa competencia con mención explícita en muchos casos de los vertidos al mar territorial. Es claro que para alcanzar éste las conducciones de vertidos habrán de atravesar el dominio público marítimo-terrestre y que para ello habrán de ocuparlo. La competencia estatal para el otorgamiento del oportuno título de ocupación queda, sin embargo, salvada por la previsión, contenida en el art. 57.1, de que el otorgamiento de las autorizaciones se hará «sin perjuicio de la concesión de ocupación de dominio público, en su caso». Esta previsión, que pone de manifiesto, también en este caso, que la eficacia de la actuación administrativa sólo podrá alcanzarse mediante la coordinación entre las diversas Administraciones implicadas, es la única referencia inequívoca que en los preceptos ahora en consideración se hace a la Administración del Estado.
      En todos ellos, en efecto, se habla siempre de la «Administración competente» sin precisar cuál sea ésta. Esta indefinición no priva ciertamente de sentido a la impugnación dirigida contra estos artículos, pues su integración con lo dispuesto en el art. 110 h), en el que inequívocamente se atribuye a la Administración del Estado la facultad de otorgar la autorización de vertidos, salvo los industriales y contaminantes, desde tierra al mar, no admite interpretarlos de forma distinta a la hecha por los recurrentes. Aun admitiendo las razones de éstos, la letra de estos preceptos no autoriza ninguna declaración de inconstitucionalidad ni aconseja ninguna consideración interpretativa, pues los resultados que con ella podrían alcanzarse se obtendrán de manera más clara y más simple al llevar en su momento al pronunciamiento que hayamos de hacer sobre el art. 110 h), las consecuencias de la doctrina que queda expuesta." Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 4.E.b)