CAPÍTULO V. CONCESIONES

Artículo 64.

Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado.

Notas:

• "Con carácter preliminar, es preciso destacar que ningún recurrente ha cuestionado que la Ley estatal subordine la utilización del dominio público, mediante obras o instalaciones no desmontables, a la previa obtención de una concesión. Sólo el Gobierno Vasco impugna, como ya se ha dicho, el art. 64 de la Ley de Costas y lo hace exclusivamente en su último inciso, que se refiere a la Administración del Estado. Tampoco se han impugnado los preceptos que regulan el régimen sustantivo de la institución concesional (Caps. Quinto y Sexto), con excepciones no por importantes menos secundarias. Por consiguiente, nuestro examen de constitucionalidad puede partir de la premisa de que el legislador estatal puede lícitamente establecer el sistema concesional para intervenir y regular la utilización de mayor intensidad de porciones demaniales costeras. Y que esa competencia alcanza a la definición de su régimen jurídico.
      Este último punto es de indudable importancia. La Ley de Costas ha configurado la concesión demanial como título de ocupación de dominio público, no como medida de intervención en garantía de las leyes sectoriales que recaigan sobre la actividad, la obra o incluso la misma zona a la que se refiere la concesión, y en su art. 65 recuerda que el otorgamiento de la concesión demanial no exime a su titular de la obtención de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones Públicas, en aplicación de las legislaciones en materias específicas como puertos o vertidos. La articulación entre unas y otras es abordada por la Disposición adicional quinta, que establece algunos principios sobre su otorgamiento y su eficacia recíproca.
      Esta caracterización legal de las concesiones del dominio público marítimo-terrestre permite ahuyentar los temores de invasión competencial que fundan los alegatos de las Comunidades Autónomas recurrentes. El art. 64, al atribuir a la Administración del Estado la facultad de otorgar el derecho a ocupar bienes de dominio marítimo-terrestre mediante concesión, no hace más que permitir la exteriorización de la titularidad estatal sobre tales bienes. Es lógico que, conforme a esa titularidad, se requiera que en el correspondiente acto concesional quede constancia de cuál es la concreta actividad o utilización consentida, cómo se debe preservar la integridad física del bien, su vinculación general al interés público, y cuáles son las contraprestaciones económicas por su aprovechamiento (como contempla en líneas generales el art. 76 de la Ley de Costas, no impugnado).
      Es obvio, por tanto, que a través de la concesión demanial la Administración del Estado hace valer, exclusivamente, su condición de dominus de las costas, y que en consecuencia, en cuanto acto de intervención fundado en la titularidad demanial, la fuerza expansiva de la institución concesional queda limitada -en el plano constitucional- por el orden de competencias consustancial al Estado autonómico. Sin duda esto no impide que, como hasta ahora, otras leyes estatales (o la misma Ley de Costas, en aquellos de sus preceptos que no son estrictamente demaniales) se valgan de la concesión del dominio público para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones, pero sí que la Administración del Estado pueda ejercer su facultad de concesión demanial para interferir o perturbar el ejercicio de las potestades de las Comunidades Autónomas en aquellos ámbitos materiales sobre los que ostentan competencia de ejecución, de acuerdo con los parámetros que expuso la STC 77/84 (fundamento jurídico 2.º).
      No es así inconstitucional la atribución a la Administración del Estado de la potestad de otorgar el derecho a determinados usos del demanio marítimo-terrestre mediante concesiones. Esta conclusión obliga a desechar la impugnación dirigida contra el art. 64 de la Ley de Costas. " Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 4.G.a)