Artículo 68.

El otorgamiento de la concesión podrá implicar, según se determine reglamentariamente, la declaración de utilidad pública por el departamento ministerial competente, a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aquélla. (Este apartado no es inconstitucional si se interpreta en el sentido que se expone en el fundamento jurídico 4.G.c de la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91)

Notas:

• "El art. 68 de la Ley prevé la posibilidad de que el acto concesional implique la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, u ocupación temporal, de los bienes o derechos afectados por el objeto de la concesión estatal. Esta previsión se proyecta tanto sobre la franja demanial, en la que afectará a los derechos de los concesionarios preexistentes, como sobre los terrenos colindantes con el dominio público, en donde afectará a los derechos de sus propietarios. Simultáneamente, el mismo art. 68 atribuye la declaración al Departamento Ministerial competente. De la doctrina expuesta en la STC 37/87 (fundamento jurídico 6.º) se desprenden varios criterios que permiten analizar la impugnación formulada por el Gobierno Vasco:
      1) la legislación sobre expropiación forzosa es competencia exclusiva del Estado, por imperativo del número 18 del art. 149.1 C.E.;
      2) la expropiación forzosa es un instrumento puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines (STC 166/86, fundamento jurídico 13) que obviamente han de ser fines de su competencia, y
      3) la definición de la concreta causa expropiandi, además de la ejecución de las medidas expropiatorias, son facultades que no pueden disociarse de las que correspondan al poder público que dispone de potestad expropiatoria para la determinación y cumplimiento de sus diferentes políticas sectoriales.
      De aquí se desprende la conclusión de que la decisión de anudar al acto concesional la declaración de utilidad pública corresponderá ya a la Comunidad Autónoma, ya al Estado, según cuál sea el ámbito competencial en el que se encuadren la obra o la instalación para la que se solicita la concesión demanial, aunque, como es obvio, la declaración de utilidad pública, postulada por la Comunidad Autónoma, como la concesión misma, podrá ser denegada cuando la expropiación o la ocupación temporal hubiera de recaer sobre obras o instalaciones de competencia plena del Estado, por razón de títulos competenciales propios, o crearan un peligro grave para la integridad física o jurídica del dominio público marítimo-terrestre. En estos supuestos, como en muchos otros que aparecen dispersos por toda esta Ley, resulta palpable la necesidad ineludible de alcanzar una colaboración, e incluso concertación entre las dos Administraciones, como es normal cuando sobre el mismo medio físico coinciden la Administración del Estado y la de una Comunidad Autónoma en ejercicio de títulos competenciales distintos [STC 227/88, fundamento jurídico 20.e)]. " Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 4.G.c)