Artículo 86.

Se abonarán tasas a percibir por la Administración como contraprestación a las siguientes actividades realizadas por la misma:

• a. Examen del proyecto en la tramitación de solicitudes de autorizaciones y concesiones.
• b. Replanteo y su comprobación en las obras que se realicen sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, y su inspección y reconocimiento final.
• c. Aportación de estudios o documentación técnica, a solicitud de interesados.
• d. Práctica de deslindes, delimitaciones y otras actuaciones técnicas y administrativas, a instancia de los peticionarios.
• e. Copias de documentos.

(Este artículo no es inconstitucional si se interpreta en el sentido que se expone en el fundamento jurídico 5.C de la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91)

Notas:

• "El problema que se suscita respecto de los arts. 86 y 87 se origina en la ambigüedad de su redacción que atribuye a «la Administración» a secas, la percepción de las tasas que regula. Esta ambigüedad ha dado lugar a que sea impugnado por razones diametralmente opuestas: el Consejo Ejecutivo de Cataluña, por interferir su competencia para imponer y exigir tasas por sus servicios propios, aun cuando se presten sobre el dominio público marítimo-terrestre por entender que las tasas previstas por la Ley abarcan las actividades realizadas por la Administración autonómica; por el contrario, el Gobierno Valenciano estima que el art. 86 es inconstitucional por no expresar que las tasas han de ser percibidas por la Administración autonómica, cuando sea ésta y no la del Estado la que resulte competente para realizar la actividad que la origina.
      Hay que dar la razón al Abogado del Estado, cuando afirma que estos preceptos deben ser interpretados de conformidad con el bloque de la constitucionalidad y de las normas que forman la arquitectura del Estado de las autonomías, pues el principio de sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico (art. 9.1 C.E.) impone «una interpretación de las normas legales acorde con la Constitución y debe prevalecer en el proceso de exégesis el sentido de la norma, entre los posibles, que sea adecuado a ella» [STC 77/85, fundamento jurídico 4.º].
      Los arts. 86 y 87 establecen unas tasas, que cubren los costes directamente imputables a la prestación de diversos servicios por parte de la Administración perceptora. Estos incluyen el examen del proyecto en la tramitación de solicitudes de autorizaciones y concesiones, el replanteo y la inspección de obras, la práctica de deslindes y otras actuaciones técnicas y administrativas, y la aportación de estudios y copias de documentos, siempre a instancia de los interesados. El principio de que la competencia para crear tasas por servicios deriva necesariamente de la que se ostenta para crear las instituciones y organizar los servicios públicos correspondientes (STC 37/81, fundamento jurídico 3.º) y el mandato expreso de la LOFCA, cuyos arts. 7.1 y 17 disponen que las Comunidades Autónomas establecerán y regularán las tasas por prestar sus propios servicios públicos, fuerzan a entender que la norma que contienen los arts. 86 y 87 solamente puede entenderse referida a actividades que sean de competencia estatal. Contra lo que opina la Generalidad de Valencia, las tasas que recauden las Comunidades Autónomas como contraprestación de su intervención serán las fijadas en sus propias Leyes, no las previstas por la Ley de Costas.
      En conclusión, pues, los arts. 86 y 87 son constitucionales una vez entendido que las tasas allí establecidas gravan actuaciones de la Administración estatal. " Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 5.C)