TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I. INFRACCIONES

Artículo 90.

Se considerarán infracciones conforme a la presente Ley las siguientes:

• a. Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo-terrestre o a su uso, así como la ocupación sin el debido título administrativo.
• b. La ejecución de trabajos, obras, instalaciones, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título administrativo.
• c. El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.
• d. El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.
• e. La publicidad prohibida en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección.
• f. El anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.
• g. La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
• h. El falseamiento de la información suministrada a la Administración por propia iniciativa o a requerimiento de ésta.
• i. El incumplimiento total o parcial de otras prohibiciones establecidas en la presente Ley y la omisión de actuaciones que fueren obligatorias conforme a ella.

Notas:

• "Las impugnaciones dirigidas contra estos artículos (90 y 91) no se basan en la atribución de competencia ejecutiva alguna a la Administración del Estado que los recurrentes juzguen invasor de la propia, pues de hecho no hay tal atribución y, como evidencia, la conexión existente entre estos preceptos y el art. 99 de la propia Ley, ésta prevé que las sanciones establecidas para las faltas que aquellos preceptos definen y clasifican sean impuestas por la Administración competente en cada caso. La razón de la impugnación está por eso en que los recurrentes niegan que exista competencia estatal para tipificar y clasificar estas faltas porque las mismas hacen relación a conductas que se desarrollan, en un espacio, el de la zona de servidumbre, en el que es competencia propia de la Comunidad Autónoma la ejecución de las normas de protección del medio ambiente, o de la legislación sobre vertidos industriales y contaminantes, que son los sectores materiales en los que cabe encuadrar aquellas normas cuya infracción se define ahora como falta.
      Los términos en los que la impugnación se plantea obligan a rechazarla. Asegurado como está en la propia Ley el respeto a las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas, no se advierte, en efecto, razón alguna para declarar la inconstitucionalidad de estas normas por invadir la competencia autonómica. Es cierto que no se hace objeción alguna frente a aquellos párrafos en los que la conducta tipificada se desarrolla en el dominio público marítimo-terrestre o incide directamente sobre él [así los señalados con las letras a), b), d) y h), e incluso, en cierto sentido, el primer inciso de los párrafos e) y f)], de manera que no se cuestiona la competencia del Estado para regular su propia actuación como titular del demanio y la impugnación se limita a combatir la normativa estatal en cuanto afecta a la zona de servidumbre. Aun así limitado el alcance de la pretensión de los recurrentes, ésta no puede ser aceptada, según ya hemos dicho. Como complemento necesario de las normas sobre protección del medio ambiente las normas que enuncian los deberes y obligaciones cuyo incumplimiento se tipifica como falta, no pueden ser tachadas de inconstitucionalidad, pues es incontestable que corresponde al Estado, como competencia exclusiva, la de dictarlas en los amplios términos que ya expusimos en el fundamento 4.F).
      De otra parte, y como es evidente, las normas que analizamos no sólo no niegan la competencia de las Comunidades Autónomas para dictar normas en su desarrollo, facultad que, como ya declaramos en SSTC 87/85 y 227/88 implica también la de prever sanciones administrativas en caso de incumplimiento, sino que en rigor el ejercicio de esta facultad está postulado por la misma Ley de Costas al limitarse a señalar (art. 99.3) un límite máximo a la cuantía de las multas a imponer por los órganos de las Comunidades Autónomas, sin precisar cuáles han de ser éstos y hasta qué límite podría utilizar cada uno de ellos, en su caso, esta facultad sancionadora. Es verdad que ese límite único hace referencia exclusivamente a las sanciones por infracción de las normas sobre vertidos industriales y contaminantes, única materia en la que la Ley de Costas [art. 110.h)] reconoce una competencia propia a las Comunidades Autónomas, pero el reproche que de acuerdo con la doctrina de la presente Sentencia cabe hacer a ese enunciado limitativo, no es resultado de los términos en los que está redactado ni podría subsanarse mediante una declaración de inconstitucionalidad. En la medida en la que, de acuerdo con dicha doctrina ha de reconocerse a las Comunidades Autónomas una mayor amplitud de facultades ejecutivas, derivada de la competencia que ostentan para la ejecución sobre protección del medio ambiente, a lo sumo podrá advertirse en ese enunciado una insuficiencia, una laguna, que no determina la inconstitucionalidad del precepto.
      Conviene advertir, por último, que siendo las Comunidades Autónomas litorales las competentes para ejecutar las normas sobre protección del medio ambiente habrán de ser ellas, en principio, las encargadas de perseguir y sancionar las faltas cometidas en las zonas de servidumbre e influencia, aunque puedan serlo también directamente por la Administración del Estado cuando la conducta infractora atente contra la integridad del demanio o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso que garantizan su libre uso. En general, sea cual sea la Administración competente, no pueden las restantes permanecer pasivas, dados los términos generales del art. 101, que obliga a todas las Administraciones con competencias confluyentes sobre las costas (estatal, autonómica y locales) a efectuar las comprobaciones necesarias, y a tramitar todas las denuncias que reciban, sin perjuicio de dirigirse (mediante la correspondiente denuncia, en su caso) a las autoridades que estimen competentes para imponer las sanciones que procedan.
      Ninguna tacha de inconstitucionalidad puede oponerse, en consecuencia, desde el punto de vista de estos recursos a los arts. 90 y 91. " Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 6.a)