Artículo 93.

Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas siguientes:

• a. En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
• b. En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma.

En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, serán igualmente responsables:

• 1º Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente.
• 2º Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa de la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la presente Ley.

La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

Notas:

• "La competencia que ostenta el Estado para regular las infracciones y sanciones conlleva, ineludiblemente, la potestad para establecer quiénes han de responder por ellas, tal y como contempla el art. 93. En nada obsta a dicha afirmación que la Ley prevea que, cuando las infracciones deriven del otorgamiento de títulos administrativos contrarios a lo establecido en ella resulten igualmente responsables los funcionarios y las autoridades a quienes resulte imputables dicho otorgamiento, en los términos que detalla el apartado c) de este art. 93.
      La protección más eficaz del dominio público marítimo-terrestre que, sin duda, busca este precepto es asunto de la incumbencia del legislador estatal contra lo que afirma la Generalidad de Cataluña. Y el que lo dispuesto en la norma ataña a autoridades y a funcionarios o empleados de cualquier Administración pública, y no sólo a las englobadas en la esfera estatal, resulta indiferente. No es preciso acudir a las competencias que al Estado reserva el núm. 18 del art. 149.1 C.E. como apunta su Abogado a mayor abundamiento, pues es suficiente con constatar que las normas por cuyo cumplimiento vela la responsabilidad disciplinaria y administrativa que establecen, respectivamente, los párrafos 1.º y 2.º de este art. 93.c) caen dentro de la competencia del Estado, que no encuentra más límites a su libertad de configuración que el respeto a los derechos y principios sustantivos que proclama el texto constitucional (STC 76/90, fundamento jurídico 5.º)." Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 (fundamento jurídico 6.b)