Art. 2.

La actuación administrativa sobre el dominio publico marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines:

• a) determinar el dominio publico marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias.
• b) garantizar el uso publico del mar, de su ribera y del resto del dominio publico marítimo-terrestre, sin mas excepciones que las derivadas de razones de interés publico debidamente justificadas.
• c) regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
• d) conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar (artículo 2 de la Ley de costas).