CAPITULO IV. CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES SEGUN LA CLASE DE CONTRATO

Sección Primera. Contratos de obras

Regla 28. Condiciones de carácter social.

Los pliegos establecerán los condicionantes de carácter social que deban cumplirse antes o durante la ejecución del contrato atendiendo a las disposiciones que, con carácter general, establezca el Ministerio de Fomento.

El incumplimiento grave de las condiciones de carácter social será considerado infracción grave a los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Se producirá un incumplimiento grave de las condiciones de carácter social en cualquiera de los casos siguientes:

• Cuando el porcentaje de trabajadores fijos empleados para la ejecución del contrato no alcance el 20%.
• Cuando el porcentaje de trabajadoras que se contraten para la ejecución del contrato sobre el total de nuevos empleados que se contraten, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no alcance la media nacional en el sector de la construcción.
• Cuando el porcentaje de trabajadores minusválidos, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no alcance el 1 % de su plantilla.
• Cuando en el período de un año se haya producido durante la ejecución de la obra dos sanciones muy graves que haya agotado la vía administrativa por parte de la Autoridad Laboral como consecuencia del incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

Sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano competente para imponer la sanción, se propondrá la suspensión de la clasificación de la empresa al Ministerio de Economía y Hacienda, por tres, seis, nueve y doce meses, respectivamente, según si la empresa ha incumplido una, dos, tres o cuatro de las condiciones citadas.

La suspensión de la clasificación será extensiva a todos los empresarios que formen parte de la Unión Temporal de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.