La vigente Ley de Contratos del Estado estableció, por primera vez en nuestro país, la clasificación de los contratistas de obras del Estado con objeto de calificar las posibilidades de los empresarios respecto de las exigencias que comporta el cumplimiento de cada tipo de contrato, de forma que quede de antemano determinada su idoneidad para la contratación pública. Consecuencia de la clasificación es el Registro de Contratistas que la citada Ley estableció en el Ministerio de Industria, para constancia y publicidad de las clasificaciones acordadas por el Ministerio de Hacienda, cuyo Registro, por el conocimiento directo que supone de las empresas clasificadas, permitirá aligerar el procedimiento administrativo de contratación de determinados requisitos formales.

La exigencia de clasificación de los contratistas de obras del Estado en los distintos grupos, subgrupos y categorías no supone, con arreglo a la legislación vigente, ninguna forma de admisión previa, sino que acredita simplemente el cumplimiento por parte de aquéllos de unas condiciones mínimas de carácter general que, en principio, les habilitan profesionalmente desde los puntos de vista jurídico, técnico y económico, para la realización de determinados tipos de obra hasta las cuantías que expresan las categorías respectivas.

Abierto, mediante Orden del Ministerio, de 30 de junio de 1966, el período para la admisión de solicitudes de clasificación de empresas a los efectos de la contratación de obras del Estado de presupuesto superior a 5.000.000 de pesetas, el elevado número de expedientes promovidos y la complejidad del estudio que cada uno de ellos exige determinaron que las ordenes ministeriales de 16 de mayo de 1967 y 28 de marzo de 1968 establecieran un régimen transitorio de clasificación provisional hasta que se dictaran por este Ministerio los acuerdos de clasificación definitiva, sin que durante dicho período se fijara limitación respecto a la categoría de los contratos.

La ininterrumpida presentación de nuevas solicitudes, la conveniencia de no retrasar por más tiempo la implantación de la clasificación definitiva y la necesidad de actualizar los datos aportados por las empresas durante los tres primeros años de vigencia del sistema aconsejan establecer, como primera fase de dicha clasificación definitiva, la correspondiente a las empresas con número de expediente comprendido entre 1 y 2.000, ambos inclusive, respecto de las cuales se ha dictado ya el oportuno acuerdo por parte de este Ministerio. Este régimen deberá coexistir temporalmente con el de clasificación provisional de las empresas con número de expediente superior al 2.000, hasta que también se proceda respecto de ellas por el Ministerio de Hacienda a su clasificación definitiva.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto por el articulo 319 del Reglamento General de Contratación del Estado, este Ministerio, previo informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ha tenido a bien disponer:

• 1.º Los órganos de contratación del Estado y de sus organismos autónomos, de conformidad con lo establecido por los artículos 292 y 293 del Reglamento General de Contratación del Estado, deberán fijar la clasificación en grupos, subgrupos y categorías que corresponda a los contratos de obras de presupuesto superior a 5.000.000 de pesetas, cuya licitación se anuncie con posterioridad al 15 de enero de 1973.
• 2.º A los efectos establecidos en el número anterior, la Administración, al aprobar los proyectos de obras, fijará los grupos, subgrupos y categorías en que deban estar clasificados los contratistas que, en su día, opten a la adjudicación del contrato, teniendo en cuenta para ello la propuesta de la clasificación exigible redactada por el autor del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 5, del Reglamento General de Contratación, y en la Orden ministerial de 28 de marzo de 1968 y, en su defecto, el informe que emitan al respecto las correspondientes oficinas de Supervisión de proyectos.
      Los órganos de contratación harán constar en el pliego de cláusulas y en el anuncio de la licitación la clasificación exigible a los licitadores, en concordancia con la que haya sido fijada por la Administración al aprobar los proyectos. Si los actos de aprobación no contuvieren la clasificación exigible, los órganos de contratación la determinarán, previos los informes que estimen oportunos, y la harán constar en los documentos antes mencionados.
• 3.º Para la fijación de la clasificación exigible, los órganos de contratación se ajustarán a las normas contenidas en los apartados 12 a 20 de la citada Orden de 28 de marzo de 1968.
      Cuando los expresados órganos hagan uso de la excepción prevista en los apartados a) y b) de la norma 14 de la mencionada Orden, deberán justificarlo en el expediente, previo informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos.
• 4.º Los licitadores cuyo número de expediente de clasificación esté comprendido entre 1 y 2.000, ambos inclusive, acreditarán el cumplimiento de la obligación de ostentar la clasificación en los grupos, subgrupos y categorías que en cada licitación sea exigida, mediante la presentación del certificado de inscripción en el Registro correspondiente del Ministerio de Industria, a que se refieren el artículo 310 del Reglamento General de Contratación y la Orden de 26 de julio de 1966.
• 5.º A los licitadores cuyo número de expediente de clasificación sea superior al 2.000, no les será exigible la clasificación en categorías, debiendo sólo acreditar su clasificación en los grupos o subgrupos correspondientes mediante la presentación de los certificados de clasificación provisional, extendidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la forma establecida por la disposición transitoria b) de la Orden de 28 de marzo de 1968  hasta que se les notifique la clasificación definitiva, en cuyo momento perderá su eficacia la clasificación provisional.
• 6.º La facultad que las Órdenes de este Ministerio de 16 de mayo de 1967 y 28 de marzo de 1968 atribuyen a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para extender clasificaciones provisionales quedará sin efecto el día 15 de enero de 1973.
      Los expedientes que se promuevan con posterioridad al 31 de diciembre de 1972 se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratación del Estado, dictándose respecto a ellos la clasificación definitiva que proceda.
• 7.º La presentación de los certificados de clasificación definitiva o de su copia autenticada, juntamente con una declaración jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias que sirvieron de base a la clasificación, eximirá a los licitadores de acompañar a sus proposiciones, de conformidad con el artículo 312 del Reglamento General de Contratación del Estado, los siguientes documentos:
  • a) El documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, si se tratara de empresas individuales.
  • b) Las escrituras sociales (constitución, adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas y modificaciones, en su caso), cuando se trate de personas jurídicas.
  • c) Carné de empresa con responsabilidad.
  • d) Certificado o declaración referentes a no hallarse el licitador incurso en cualquier tipo de incompatibilidad para contratar con el Estado.
  • e) Justificación de experiencia para los tipos de obra y categorías de contratos a que se refiere la clasificación definitiva.
        Sin embargo, el licitador que resulte adjudicatario deberá acreditar ante el órgano de contratación la posesión y validez de los documentos a), b), c) y d) en cualquier momento anterior a la formalización del contrato.